Por: Mario Alberto Mejía / @QuintaMam

Mario Marín Torres está educado para vivir en un espacio de 2 metros por 2. Podría pasar semanas enteras sin moverse. Es capaz de no respirar para no llamar la atención. Todo eso lo aprendió en Nativitas Cuatempan —su patria chica, en la Mixteca poblana— y en Amarillas, en Tlaxcala: un hospicio para niños pobres. Son sus más cercanos quienes dicen lo anterior. Son quienes más lo conocen.  

Prófugo como es de la justicia mexicana desde el jueves 11 de abril, Marín reactivó sus genes de sobrevivencia e hizo lo que aprendió a hacer en su niñez y juventud: se volvió invisible. Invisible, incluso, para él mismo. 

Cuentan que en su etapa de Amarillas, al lado de su hermano Roberto y el Bombero, Marín jugaba a dejar de respirar y a hacerse el hombre invisible. Lejos de los juguetes, cerca de la desolación, los tres niños inventaban fantasmas para divertirse, y en esa dinámica se les iban los días. ¿A qué juega un niño pobre? Al bote pateado, a las escondidas, a “un, dos, tres por mí y todos mis compañeros”. En los tres casos, los jugadores se hacen invisibles. Es decir: se ocultan. Respirar es peligroso, pues se corre el riesgo de que te descubran. En Amarillas, lejos de la familia, no había otra manera de sobrevivir. 

El Bombero no era bombero. Le pusieron así porque todas las noches se orinaba de miedo. Miedo a estar solo, sin padre ni madre que lo acariciaran y cuidaran. Marín y su hermano le pusieron así, entre risas, porque era capaz de apagar un incendio con sus orines. 

Con los años, Marín contaría esta anécdota en sus comidas interminables en Casa Puebla. Incluso en la comida de celebración del triunfo electoral —que lo convirtió en gobernador—, el Bombero cantó para todos los presentes. 

No se le volvió a ver más: regresó a esa invisibilidad en la que vivió toda su vida. 

EL EXPEDIENTE QUE VOLVIÓ DEL CLÓSET 

Una vez que quien esto escribe dio a conocer el sábado 13 de abril —a las 13:29— la noticia de las órdenes de aprehensión giradas en contra de Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam, ocurrieron varias cosas: un silencio abrumador durante varias horas, un intento de descalificación del contenido de mi columna y la aceptación final de lo ahí escrito. No faltó entre la prensa local quien desdeñó el caso porque “el delito ya había prescrito”. 

Nada de eso. El delito de tortura no prescribe jamás. Éste es un buen ejemplo. Sobra decir que se equivocan quienes piensan que Mario Marín ya fue juzgado por la Suprema Corte de Justicia en 2007. En aquella ocasión se juzgó la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho. Nunca, jamás, un tema penal como es la tortura. 

En consecuencia: el ex gobernador de Puebla no había sido juzgado por este delito, mismo que tiene una característica: es un delito grave que no alcanza fianza. En otras palabras: él y los otros imputados —una vez capturados— tendrán que enfrentar el proceso en prisión. No hay amparo que valga. (Juan Sánchez Moreno ya fue aprehendido y se encuentra enfrentando su caso en una cárcel de Cancún). 

El 27 de noviembre de 2018 fue martes. Ese día, Mario Marín se enteró que el juez segundo de Distrito de Quintana Roo se había negado a librar la orden de aprehensión en contra de los señalados. Una de las razones planteadas fue que el empresario Kamel Nacif —instigador central del señalamiento de tortura— no era servidor público. El citado juez argumentó que al ser un particular se rompía la cadena del supuesto delito. 

También exoneraba a Marín, Karam y Sánchez Moreno por no hallar las pruebas suficientes que los inculparan. Faltaban cuatro días para que Andrés Manuel López Obrador rindiera protesta como presidente de la República. Eran los tiempos, todavía, de la impunidad de años que había mantenido a salvo a Marín. 

No fue casualidad que antes del arribo de la nueva administración la justicia mexicana dejara libre de toda sospecha al ex gobernador. Urgía pasarle la pelota al gobierno entrante. Una pelota de fuego, por cierto, lanzada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU —con sede en Ginebra, Suiza. 

Dicho Comité le exigía al Estado mexicano una disculpa pública a Lydia Cacho y la reposición del caso que había agraviado a la sociedad mexicana. La disculpa pública se dio en enero. La reposición del proceso llevó su tiempo. 

El nuevo gobierno llevaba horas en funciones cuando la Procuraduría General de la República —hoy convertida en Fiscalía— se inconformó con el resolutivo del juez e interpuso un recurso de apelación. El 4 de diciembre fue admitido dicho recurso, y la causa penal fue enviada al Primer Tribunal Unitario. El 12 de diciembre —día de la Virgen de Guadalupe—, la causa llegó al escritorio de la magistrada María Elena Suárez Préstamo y se radicó el toca penal bajo el número 354/2018-II. Pero el 26 de diciembre se declaró mal admitido el recurso, por lo que se ordenó la devolución del duplicado de la causa penal al juzgado de origen: el Segundo de Distrito. 

¿El fin? Que la demandante —Lydia Cacho— tuviera conocimiento del fallo del juez y, en su caso, también apelara el resolutivo. El 28 de diciembre, dicho juez envió el documento a la periodista, y el martes 8 de enero de 2019 ordenó de nuevo remitir los autos al Primer Tribunal Unitario. Ocho día después —el 16 de enero- se radicó el toca penal 4/2019-IV. Ese día empezó la pesadilla de Marín, Nacif, Karam y Sánchez Moreno. 

Y es que no hay que olvidar que en cuanto ocurría algún movimiento en la causa penal, el primero en enterarse era el gobernador. No fue casualidad que el 11 de abril, cuando se obsequiaron las cuatro bellísimas órdenes de aprehensión, Marín —de inmediato— recibió la notificación informal, hizo maletas y desapareció del escenario poblano.