por Carlos Meza Viveros
La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio.
Marco Tulio Cicerón, azote de la corrupción.
La corrupción es el problema más grave y recurrente que ha enfrentado nuestra nación a lo largo de su historia. Vicio endémico traído por los españoles a estas nobles tierras, del que nada ni nadie está exento y que ha engendrado severas desgracias desde los tiempos de la conquista hasta nuestros días.
El inconmensurable saqueo de nuestras riquezas naturales, el cobro injusto de tributos y alcabalas y las crecientes prácticas inmorales del Virreinato, que detonaron la independencia. La pérdida absurda de la mitad del territorio mexicano por culpa de un dictador inepto y de una élite inmoral que se negó a apoyar financieramente la defensa. El empoderamiento de la Iglesia mediante la recaudación del diezmo eclesiástico hasta su abolición por la Reforma y la conspiración de ésta con las clases conservadoras y las potencias europeas para instaurar el segundo imperio. La continuación del latifundismo a través de hacendados criminales y la perpetuación de Porfirio Díaz en el poder, que provocaron una Revolución sanguinaria. La voracidad de las compañías petroleras que obligó a su expropiación y fortaleció la ideología nacionalista. La masacre del dos de octubre en Tlatelolco, el endeudamiento rampante del país y la indolencia tras el sismo de 1985, que movilizaron a la sociedad civil. La tramposa privatización de la mayoría de las empresas del Estado, el multimillonario rescate de los banqueros, el fraude electoral de 2006, las “reformas estructurales” impuestas por el sistema financiero internacional y el robo en despoblado de los recursos públicos, que acabaron con treinta años de neoliberalismo en México. Todos estos acontecimientos, sin duda, fueron fruto de la corrupción y la consiguiente putrefacción de nuestra sociedad.
Pero para que la corrupción pudiera campear impunemente en el país, era necesario untar y contagiar a la Justicia, de modo que no pudiera ni quisiera ayudar a resolver el problema, volviéndose así parte fundamental del mismo.
En entregas anteriores y de años atrás, he clamado abiertamente por la dignificación del Poder Judicial del Estado de Puebla, entregado a una panda de personeros camanduleros, mindundis, ignorantes y corruptos, carentes de trayectoria y reconocimiento, que jamás debieron ser Magistrados, pues su talento no da ni para fungir como auxiliares de escribiente. Por supuesto, mi clamor no es personal ni aislado, es el eco de miles de abogados litigantes, funcionarios judiciales de prosapia, justiciables indignados y personas de a pie, víctimas de una justicia prostituida hasta la médula que ya no resiste más, como en mi columna publicada el 18 de febrero de este año se lo dije a Miguel Barbosa, instándolo respetuosamente a cumplir su promesa de llevar a cabo la reforma de gran calado que no se atrevieron a realizar sus antecesores.
Recientemente, el Gobernador Barbosa reiteró su preocupación por la liberación de presuntos delincuentes por parte de quienes deberían impartir justicia, con base en formalismos o cuestiones técnicas, y aunque dejó en claro que es un convencido de la autonomía judicial, subrayó que hay que reformar el sistema de justicia para, entre otras cosas, propiciar que no se quede sin revisar la conducta de los funcionarios que pudieran estar involucrados en actos de corrupción, como hasta ahora ha sucedido.
Algunos calificarán lo manifestado por titular del Ejecutivo como una intromisión en el actuar de otro Poder, contraria al principio de la división de poderes. Sin embargo, cabe recordar que el sistema de separación de poderes se diseñó no sólo para dividir el poder, sino para que entre todos se vigilen, controlen y eviten cualquier exceso o abuso de autoridad, en aras de alcanzar un verdadero equilibrio. Es decir, para que “el poder detenga al poder”, como sostuvo Montesquieu.
En este ejercicio de pesos y contrapesos, no debe sorprendernos entonces la propuesta del Gobernador de reformar el sistema de justicia en general para enderezar su accionar actual y con ello empezar a corregir siglos de corrupción, que van más allá del fallo de un Juez aparentemente incomprensible, quien en efecto pudo dictarlo movido por el cohecho, pero también bajo amenazas para él y su familia, por presión de sus superiores o porque en verdad hubo errores insubsanables en la investigación y/o en la imputación.
Para ese efecto, de manera personal comenté con Miguel Barbosa, primero como candidato y luego como Gobernador, que una reforma de ese tamaño requiere dedicación y estudio, así como una visión apegada a la progresividad de los derechos humanos y que comulgue con las necesidades sociales antes que con los intereses oligárquicos. Así las cosas, en abril de este año le ofrecí un proyecto integral para reformar el Título Quinto de la Constitución local y proponer una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial acorde con los puntos esbozados por el Ejecutivo, el cual trabajé durante algunos meses a la par con un equipo de talentosos juristas, encabezado por mis colegas y amigos Ernesto Ramírez y Hugo Manlio Huerta, el cual nuevamente pongo en la mesa para que, dada la urgencia y de considerarlo conveniente, pueda ser analizado y enriquecido.
Sin embargo, todos los interesados debemos aceptar que para dignificar verdaderamente la Justicia y desterrar la corrupción, la iniquidad y demás vicios anidados en el Tribunal Superior, no basta con reformar la Constitución estatal y expedir una nueva Ley Orgánica, que entre otras cosas prevea el funcionamiento de una sala constitucional, incluya los tribunales laborales, fortalezca la vigilancia del Poder Judicial y regule con claridad el combate a la corrupción y las responsabilidades de los funcionarios judiciales. No, hay que instrumentar el cambio, hacer que se cumpla, transformar las mentalidades, recuperar los valores que habrán de orientarle y acabar con los negocios desde el poder. Y para ello, son imprescindibles tres cosas: primero generar el consenso político necesario, segundo soltar el lastre que representan los neófitos, chupópteros y zalagardas enquistados y finalmente seleccionar a las personas más capaces para cumplir la encomienda, juristas prestigiados y con trayectoria, comprometidos con el proyecto más que con la obediencia, de capacidad probada tanto en lo procedimental como en lo organizacional, dispuesto a hacer valer la autonomía del Poder Judicial y con los tamaños suficientes para no dejarse amedrentar por los intereses que habrán de oponerse ferozmente tanto al interior como desde el exterior.
