por Carlos Meza Viveros
Para los diputados de esta legislatura y para Miguel Barbosa, amigo mío.
Respetuosamente.
Tarea ardua es dilucidar la misión de un Juez en una sociedad, que además de dinámica, adolece de fenómenos tan erráticos como la injusticia, la violencia, la desigualdad, la inequidad y la corrupción. La función del Juez sobrepasa el articular el conjunto de normas y los argumentos vertidos por el justiciable, su labor debe verse reflejada en el estandarte ético del cual está revestido la sociedad, los valores y principios que rigen una república, y por tanto, de la democracia. Debemos recordar que, aquello que nos ha erigido como Estado y como país es la capacidad de auto determinarnos, no a través de los regímenes autoritarios o de políticas dictatoriales, sino a través de un ideario -heredado muchos siglos atrás- conocido como democracia.
Durante todo el gobierno de Moreno Valle, en pertinaces propuestas de mi parte, le hice saber que no había cumplido con su promesa de campaña: transformar el TSJ en un tribunal de vanguardia en el que los poblanos tuviéramos certeza jurídica en la impartición de justicia.
Rafael nunca cumplió. Primaron sus compromisos políticos a la tutela del debido proceso del justiciable, principalmente abatir la corrupción rampante y existente en su gobierno. Contrario a mis reclamos, utilizó a Piña Kurckzyn como sinodal de quienes deberían acceder al noble cargo de una magistratura. Su estrategia fue desastrosa y los resultados ignominiosos. El principal de ello fue convertir al sicalíptico, golpeador de mujeres y zalagarda, Miranda Guerra, en magistrado (la iglesia en manos de Lutero).
Después de ser yo el conseglieri de cómo resolver el asunto de Valle Fantástico en la reserva territorial (sin emolumento alguno), Rafael hizo caso omiso de mis protestas airadas y resonantes en los medios. Le escribí una carta que me reprochó el entonces secretario de gobernación, Fernando Manzanilla, en donde textualmente suspendía mi relación con el gobernador durante su sexenio. ¿Testigo? El propio Manzanilla.
Fui objeto de ataques y persecuciones por la mano negra de su ad later mayor, Eukid Castañón, por quien oro todos los días como hombre de fe.
Miguel Barbosa, mi amigo (o a quien considero mi amigo), no me dejará mentir que en diversas reuniones tete a tete, le hice patente la necesidad imperiosa de remover a un personaje morenovallista puro, empleado personal del padre de RMV: me refiero a Héctor Sánchez, quien personalmente (y con una sonrisa en los labios) me contestó que este sería su sexenio porque había sido el principal promotor de la fallecida Martha Erika Alonso.
Héctor, hoy lamebotas de Barbosa, quien asegura que seguirá siendo presidente del TSJ y que el gobernador en “agradecimiento” nombró a su esposa subsecretaria.
La pregunta surge: ¿el “estadista” Barbosa es consciente de que Héctor Sánchez es lo peor que anida en el TSJ, junto a sus vasallos que llevan mano libre para mangar de la justicia?
Mi reproche es legítimo pues me considero un jurista que desde la barrea se da cuenta de las estulticias de asesores importados que no resistirían un debate jurídico conmigo; me refiero a los chiapanecos. Demandar periodistas a lo pendejo sin conocer el criterio de la corte (Jornada vs Letras libres), o desconocer el sistema dual de protección, los pintan de cuerpo entero. A Miguel le digo que las decisiones tomadas para ello son estériles y si lo digo es porque así lo considero debido a toda mi trayectoria como abogado litigante.
No obstante, el Derecho al estar situado en el escaparate y ser uno de los baluartes que conforman la estructura de este país, requiere un constante estudio, una progresividad que comulgue con las necesidades y los paradigmas que continuamente la sociedad exige y merece. Es ostensible que, la función del Juez rebasa el empleo de tecnicismos, de ceñirse al fondo y no a las formas, en ponderar los alcances de sus resoluciones jurídicas, de concebir la esencia de la norma. De cierto, estamos muy lejos de tan plausible tarea. Cuando Luis Miguel Barbosa realizaba su campaña para la gubernatura del estado de Puebla, en múltiples ocasiones refirió como menester la restauración y regularización de nuestro Poder Judicial. Sin embargo, recientemente Luis Miguel develó sus intenciones de presentar formal queja ante el Consejo de la Judicatura por las conductas anómalas y turbias de distintos jueces del Poder Judicial. No puede ser de otra forma. Entre las misiones que implica esta Cuarta Transformación erradicar la corrupción en todos los niveles.
No quiero que me pase lo mismo que viví con Rafael. Miguel debe presentar la reforma judicial la cual tengo en mi mano, y con gusto se la haré llegar si lo permite.
Que el gobernador se entere de que Héctor Sánchez es un abogado de quinta pero un estafador de primera.
No quiero pensar que Miguel está seducido por un corrupto que se ha enriquecido de manera desmedida con pingües negocios que se tramitan en el TSJ. El tiempo me dará la razón, y Miguel se sentirá defraudado. Soy un ciudadano poblano al tiempo de ser una persona que conoce las entrañas del poder judicial, y si de algo me jacto es de conocer el derecho. ¡Póngame a prueba con campechanos, veracruzanos, mexiquenses o chiapanecos si prefieren!
Miguel, mi gobernador, se rodeó de personajes panistas que anidaban en el gobierno de Patjane y hoy son los que mandan y a quienes le tiene confianza. Espero un encuentro con él para demostrárselo.
En otras entregas he referido la ostensible incapacidad de Héctor Sánchez, a quien incluso reté a un debate público para que la sociedad atestiguara su extrema ignorancia y su pobre talante para ser presidente del Poder Judicial del Estado. ¿Ya habrá olvidado cómo llegó al poder? ¿Seguirá reuniéndose “furtivamente” con quién lo colocó en el poder? Porque de no ser así, lo insto a que lo niegue rotundamente, que, por una vez en su vida, dé la cara y explique -si el valor le alcanza- lo que sucede de manera interna en los Juzgados de este estado. Los rumores no paran de correr, y lo que empezó siendo incompetencia e incapacidad, hoy es fraude y corrupción. La cantidad estratosférica que recibe este fatuo abogado por despachos externos es conocida por todos, la cantidad de favores que debe también, naturalmente, cuando eres Juez y parte estás en posición de exigir. La presencia de personajes como Alberto Miranda Guerra es muestra de la
incompetencia y corrupción que irradia el Poder Judicial. Es incompresible que abogados de tan baja estofa ostenten el cargo de Magistrados y, peor aún, de Presidentes de la Sala. En ocasiones lo Juzgadores de primera instancia, en muchas ocasiones emiten un fallo contra constancia de autos, justificándose en supuestas “presiones” que los obligan a ponderar su permanencia en el Poder Judicial o esperar represalias, incluso de naturaleza penal, por un miedo -considero injustificado- a ser víctimas de la fabricación de “negros expedientes” que hacen de su “conducta” ilícita sin serlo, y habiendo actuado de acuerdo con su capacidad de justipreciación y “autonomía jurisdiccional”, el temor a recibir un “pulsito o calambre” y la necesidad de permanecer en su cargo hacen que se inclinen por la aplicación, no sólo de la norma a raja tabla, peor aún, actuando contra constancia de autos. La corrupción en el Poder Judicial del Estado de Puebla raya en lo inverosímil, las puertas de los chollos están más abiertas que nunca, la incompetencia de los Juzgadores es evidente y portentosa. Nadie podrá negar que son diversos los jueces que se duelen de la “imposibilidad” que tienen para fallar en asuntos espinosos o delicados, prefiriendo que sea la sala y posteriormente los tribunales federales quienes fallen lo conducente, escaqueándose de esta forma de sus responsabilidades de resolver con amplitud de jurisdicción, autonomía e independencia. Cosas que parecieran inalcanzables en nuestros días. Desde luego, existen excepciones. Pero lamento que sean tan pocas. Ejemplos: los magistrados Joel Sánchez Roldán, Jared Albino Soriano, Enrique Flores Ramos, Margarita Palomino Ovando, Fernando Rosales, José Montiel, David López Muñoz, Margarita Gayoso, Joel Daniel Baltazar, mi maestro Jorge Ramón Morales, José Miguel Sánchez, (otrora jueces, hoy juzgadores de alzada), espero no se me haya escapado alguno.
¿Volverán aquellos días cuando Puebla era un estado distinguido por quienes se encargaban de aplicar Justicia? ¿Volverán los días donde recurrir a la instancia jurisdiccional era garantía de acceso a la justicia? Nosotros, los de entonces, volveremos a ser.
¡Lo digo sin acritud, pero lo digo!
