Memorial

por Juan Manuel Mecinas

Las mentiras pueden destruir cualquier relación de confianza. De hecho, son exactamente una de las razones por las que nos encontramos en esta crisis entre el ciudadano y la autoridad, que se supone lo representa, pero en la que el ciudadano ha dejado de depositar su confianza.

En la crisis de la democracia representativa encontramos el incumplimiento de promesas y la mentira ideada y difundida desde el gobierno como razones de su surgimiento. Este verano, este tema ha sido recurrente gracias a la tremenda historia de Chernóbil, contada en una miniserie que acaparó la atención de muchas personas por el mensaje que transmite sin miramientos: esconder la verdad no es lo mejor que puede hacer un gobierno.

No es la mentira uno de los fines de las sociedades que aspiran a ser democráticas. Pero, actualmente, todo yerro, toda falla, todo traspié gubernamental trata de ser matizado, negado o escondido desde el gobierno. Parece una constante: en lugar de asumir los costos políticos que implica cometer un error y centrarse en las medidas para superarlo, los gobiernos tratan una y otra vez de negar cualquier información que parezca que no les beneficia o cualquier error en el que incurran. Y el problema es cuando esa intención de mentir se conoce, porque, en ese momento, el ciudadano se siente traicionado y vilipendiado. El ciudadano puede tolerar la falta de información, pero no la negación de lo que a veces resulta obvio.

Esta postura lleva a los gobiernos a negar la gravedad de una explosión en un reactor nuclear (Chernóbil, por ejemplo), pero en casos más recientes puede orillar a crear una “verdad histórica” para justificar la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. El problema en todos estos casos es reconstruir la verdad, que quiere decir que exista una versión creíble en la que el Estado haya utilizado todos los instrumentos -que legalmente puede usar- para investigar la verdad.

Por eso, la mentira es uno de los grandes problemas de los gobiernos. No se puede mentir y volver a solicitar la confianza ciega del ciudadano. ¿Cómo enderezar esa relación de confianza entre el elector y la autoridad? ¿Cómo confiar en el Estado después del 68, después de la caída del sistema o después de Ayotzinapa?

La receta es procedimental y no solo de descubrimiento de la verdad, porque esta no siempre puede ser encontrada, narrada, o desvelada. Lo que un gobierno puede hacer es construir las instituciones y establecer los procedimientos para que, en una situación posterior, en igualdad de circunstancias, el gobierno actúe de forma distinta. El problema de Ayotzinapa es la desaparición de estudiantes y que no se sabe dónde están los cadáveres, pero también habría que preguntar qué hace y qué ha hecho el Estado para actuar de forma distinta si se presenta un caso similar. Conocer la verdad es vital y por supuesto que la ciudadanía tiene derecho a saberla, pero mucho más que un simple relato -por más importante que este sea- el Estado tendría que asegurar que no vuelvan a presentarse los procedimientos viciados que, todo apunta, hubo en Ayotzinapa.

La confianza no solo se reconstruye indagando sobre “la verdad”, sino estableciendo los mecanismos para que en un futuro la actuación de la autoridad sea más transparente. Después de cinco años, seguimos en espera no solo de “una verdad”, sino de esos mecanismos que recuperen la confianza del ciudadano. La verdad por sí misma no soluciona problemas; necesita acompañarse de instituciones y mecanismos que funcionen más allá de promesas bien intencionadas.