Por: Mario Alberto Mejía
Estos apuntes rápidos provienen de las nuevas reglas en las que se moverán los notarios poblanos.
Vea el hipócrita lector:
Puebla es el único estado en el que el notario público designado es nombrado como pago de una factura política o recomendación del ejecutivo, sin que para ello demuestren contar con la capacidad jurídica y moral para ejercer tan noble función.
Los tiempos han cambiado, y por primera vez el próximo gobernador, Miguel Barbosa Huerta, ha tomado la decisión de acabar con estos privilegios de abogados que en la mayoría de los casos cuentan con el título correspondiente pero carecen de los conocimientos jurídicos y la calidad moral para ejercer la función notarial que dé certeza y legalidad a los actos y hechos que a la postre tendrán valor convictivo pleno.
En Puebla, la función notarial es vitalicia y hereditaria, privilegio del que se han hecho los amigos del gobernador en turno.
Afortunadamente estos privilegios se acabaron.
El gobernador tendrá la facultad de retomar la función notarial en cualquier momento, por lo que la patente de notario dejará de ser vitalicia o hereditaria.
Se regulará la función de los notarios auxiliar y suplente, evitando así que los actuales notarios propietarios actúen de manera tripartita y sancionen actos y hechos jurídicos a través de la fe pública de manera simultánea, acto inmoral y deleznable.
Las sanciones a los fedatarios serán implacables, a través de suspensiones temporales indefinidas e iniciación de procesos judiciales para aquellos fedatarios que actúen al margen de la ley.
Finalmente, los notarios estarán sujetos a exámenes orales y escritos para examinar los conocimientos jurídicos en la materia, evitando así que el receptor del servicio carezca de la certeza y la legalidad de sus actos.
Aquellos que desconozcan la ley y la Constitución, y todo lo relacionado con la fe pública, perderán ipso iure la patente notarial.
