Por Iván Juárez
Las actividades que a diario realizamos y sorteamos son tan vastas que difícilmente nos permiten pensar en cuál es la relación que cada persona tiene con el poder público. Más allá de encomendar a la autoridad la administración de lo público y demandarle servicios, existen verdaderos pactos en los que se sustenta, por un lado la existencia misma del Estado y su representación práctica mediante instituciones y, por otro, la esencia de la colectividad.
Me permito señalar como uno de estos pactos básicos: la garantía de brindar seguridad, la cual resulta de delegar cierta parte de la libertad individual a cambio de garantizar la vida, la integridad y la propiedad de cada persona dentro de un cierto territorio, que incluye el espacio público y el privado.
El andamiaje institucional de seguridad y justicia en México se ha enfrentado en los últimos años a múltiples señalamientos sobre la incapacidad para poder garantizar la permanencia de tal pacto, viéndose ampliamente rebasada por la delincuencia, generando además una alta percepción de corrupción y llevando a los indicadores de impunidad a niveles que ninguna sociedad merece, detonando una crisis de legitimidad.
Son muchos los factores que nos han traído hasta el punto en el que nos encontramos. La desigualdad, el debilitamiento institucional y la descomposición del tejido social, han motivado que las alternativas de solución a la inseguridad y la violencia adquieran un carácter multidimensional y multidisciplinario, nos será posible enfrentarlas a partir de una sola perspectiva. Estas respuestas son y deben ser generadas desde la autoridad, socializadas e implementadas con participación de las comunidades.
Hasta este momento hablamos de la responsabilidad del gobierno por generar condiciones de paz y seguridad, sin embargo, dadas las circunstancias actuales este pacto debe tener esfuerzos por ambas vías y asumir la prevención como un elemento primordial de la vida de cada persona, no solo bajo la necesidad de tomar medidas para no ser víctima de la delincuencia sino como una herramienta que impida la reproducción de las violencias en el presente y el futuro.
Demandar a la autoridad y a organismos de la sociedad civil acciones para la divulgación de la prevención, facilitando a su vez la organización de las comunidades llevaría a que la organización vecinal, de comunidades y de ciudades, se construya como barrera ante la organización criminal.
En el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia asumimos como una de las principales líneas de trabajo facilitar que las vecinas y los vecinos, sean quienes a partir de un diálogo con la autoridad, den constancia de las necesidades en materia de seguridad a partir de un conocimiento más profundo de la comunidad a la que pertenecen.
La corresponsabilidad como valor es un pilar de la ciudadanía activa y transformadora. Mientras más personas asuman que la prevención es un elemento de asociación con los demás, de recuperación de confianza, tendremos cada día menos espacios disponibles para el acecho de quienes quieren tomar nuestra libertad. En este sentido es importante no disociar de las comunidades a las distintas formas en que los hogares están conformados hoy en día. Un hogar con comunicación entre sus integrantes es un hogar con prevención.
Por último, la construcción de seguridad en el espacio público depende en gran medida de lo que sucede en el ámbito privado y de los planteamientos gubernamentales para combatir este mal, es decir, depende la ciudadanía a partir de su acción individual y de las instituciones al procurar garantizar un derecho fundamental.
*El autor es director de Comunicación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla @CCSJPuebla
