Memorial
Por Juan Manuel Mecinas
Haríamos mal en pensar que el Estado se arrodilló en Culiacán al tratar de detener a Ovidio Guzmán. El Estado se arrodilló hace mucho, cuando prefirió seguir políticas que solo benefician y beneficiaban a unos cuantos y en las que –hoy es más que nunca, claro– el ciudadano no importa. Todos los gobernante –sin excepción– se han equivocado.
Culiacán es una fotografía vieja.
Es el Estado permitiendo la acciones no siempre claras y no siempre democráticas de la DEA; es el Estado del Kiki Camarena y del agente Zapata; es el Estado donde el secretario de Gobernación -Carpizo, el ídolo de los juristas priistas- decide no rodear la sede del Vaticano en México porque los Arellano Felix le están confesando a Prigione que no mataron al Cardenal Posadas; este es el Estado de Rápido y Furioso, que resultó ser un programa cuyas armas fueron a empoderar al crimen organizado, pero que pocos políticos denunciaron y que las autoridades mexicanas se negaron a investigar; este es el Estado del Plan Mérida, fiel política de Washington que no deja de tener la intención de vender armas viejas al Ejército mexicano y controlar la política antidrogas en el país; este es el Estado en el que se entrega a Estados Unidos al Chapo Guzmán, porque en dos sexenios distintos se les fugó a los responsables de mantenerlo en prisión.
Si se toman por válidos todos los antecedentes que se tienen desde hace más de 40 años, es fácil adivinar el resultado de la confrontación entre el Estado y el crimen organizado. El jueves pasado se demostró que el Estado no puede competir con el crimen organizado en ciertas regiones. En unas, porque está en evidente desventaja; en otras, porque son un mismo ser que se funde para engañar al ciudadano. La democracia es una quimera.
Que el crimen haya puesto de rodillas a un Estado no es solo culpa de un operativo mal diseñado y ejecutado sin los elementos suficientes que aseguraran su éxito. El operativo fue desastroso y tuvo como consecuencia exhibir al Estado, pero de ninguna forma significa que Estado era fuerte y poderoso antes de que Durazo y compañía pusieran en ridículo a las instituciones del Estado.
El Estado era débil antes del jueves pasado. El Estado era –en algunas partes– un Narcoestado antes del jueves pasado.
¿Cómo es posible reconstruir ese Estado?
La fortaleza del Estado y el cumplimiento del Estado de derecho dependen de la creencia de que ello es posible y, como segunda condición, de que los ciudadanos estén dispuestos a transformarlo. El Estado no se debilitó en un día, no se arrodilló en un día y no permitió su vejación en un día. Fue un proceso.
Por eso mismo, su fortalecimiento es también un proceso que tiene tres pilares: combate a la corrupción, fortalecimiento de las instituciones del Estado y aplicación del derecho. Lo anterior incumbe a los tres poderes de la Unión y a los tres niveles de gobierno. El centralismo que inició con Peña en 2012 tiene que dejarse atrás y dar paso a la descentralización de muchas funciones que en manos del gobierno federal no funcionan. La centralización conduce al debilitamiento de las partes de la federación y uno de los aspectos clave en este entramado político y de seguridad pública en el que estamos metidos es que ninguna autoridad estatal o municipal se hace cargo de la seguridad pública, y la federación está lejos de ser la solución distante a un problema que en muchas ocasiones es local. ¿Dónde estaba la policía en Culiacán el jueves? Más allá de cualquier ideología, los policías estatales se han convertido en agentes de tránsito que no reciben capacitación, que no reciben buenos salarios y que no están preparados para enfrentar a criminales que actúan cotidianamente a nivel local, en barrios, en calles específicas y que poco respeto tienen por los policías estatales. La receta no es nueva y tal parece que los gobiernos estatal y municipal son meros gestores que esperan recursos de la federación para repartirlos al mandamás en turno.
El combate a la corrupción –la bandera de este gobierno– tiene una característica: que el ciudadano participa –casi siempre– en los grandes y pequeños actos de corrupción que minan el Estado de derecho en un país. En otras palabras, no importa las buenas intenciones y las buenas o erróneas estrategias del gobierno para desmontar el Estado corrupto en el que vivimos: mientras haya dos ciudadanos empecinados en saltarse los límites de la ley y no existan as instituciones que lo impidan, poco hay que hacer.
Ese tercer elemento, las instituciones que limiten poco a poco la actuación de los corruptos y que apliquen las normas es un tema de diseño institucional y de fortaleza del poder judicial. Tal vez para tener éxito en los dos primeros puntos es importante empezar por tener fiscalías y jueces que impongan la voluntad del legislador expresada en la norma. Sin los fiscales y las autoridades que investiguen los delitos y las infracciones a la ley, y sin los jueces que respalden el trabajo de aquellos, es difícil que existan los incentivos para que podamos lograr un cambio de en el Estado corrupto y dominado por el narco en el que nos encontramos.
El camino para transformar ese Estado es difícil, tortuoso y muchos quieren evitarlo. Culiacán no es una noticia nueva. Es la imagen de un Estado débil y enfermo de corrupción que ha sido presa de políticos que dejan al ciudadano a su suerte. Culiacán muestra un país sumido en el caos y refleja que el ciudadano está abandonado a su suerte. Culiacán es, mejor dicho, un autorretrato. Culiacán es México. Y todos somos parte de ese autorretrato.
