Por Iván Juárez, director de Comunicación @CCSJPuebla
Es tiempo de una pausa. Compartir estas líneas no es sencillo, inmediatamente nos invita a la reflexión y no es nada agradable conocer la dimensión de la violencia que afecta a las niñas y niños, así como adolescentes en México, sobre todo a partir de los acontecimientos sucedidos en días recientes. Sin embargo, esta misma pausa, más que ponernos en alerta, nos debe motivar hacia la acción a partir de la información.
Este martes fue a dado a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el estudio “Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado en México” que mediante un profundo análisis de los fenómenos delictivos de los últimos años presenta las distintas formas de violencia a la que han sido sometidos miles de menores de edad, que ante tales situaciones se encuentran completamente vulnerables.
Los datos son abrumadores. En tan sólo diez años, del 2007 al 2017, se triplicó el número de menores víctimas de homicidio, pasando de 1, 002 casos a 2, 858. Es decir, pasamos de 2.74 muertes al día a 7.8; en verdad, terrible. Sumado a ello, el informe revela un dato aún menos digerible: se estima que más de 30 mil niñas, niños y adolescentes están involucrados directamente en actividades del crimen organizado. La CNDH, mediante sus observaciones, otorga ciertas “funciones” dentro de la estructura del crimen, iniciando con funciones de vigilancia para informar la actividad sobre determinado territorio, lo que conocemos como “halconcitos”; a partir de los 12 años, son asignados a cuidar casas de seguridad; y de 16 años en adelante se involucran directamente en la distribución de droga y en otros casos como sicarios, y no dejemos de visibilizarlo, también como sicarias.
Hay algo muy poderoso en esta parte del estudio. Las condiciones económicas, sociales y culturales de estas personas, de entre 12 y 18 años, son determinantes para buscar ingresos que eleven su calidad de vida, pero también encuentran el incentivo del reconocimiento de los demás integrantes de los grupos delictivos; es decir, se sienten aceptados, y recupero textual la frase “… el crimen asegura en [niños, niñas y adolescentes] las recompensas el reconocimiento y el dinero que no encuentran en la sociedad legal”.
Este organismo, la CNDH, presentó también el Índice Estatal de Riesgo (IER) de Violencia Asociada con el Crimen Organizado, que está compuesto por siete indicadores más un resultado general que abarca información del año 2015 al 2017. Debido a la multiplicidad de factores que la violencia misma implica, este índice contempla los principales temas sociales, económicos y de violencia para tratar de ampliar las condiciones de riesgo de violencia en las 32 entidades federativas. Los indicadores han sido construidos con una base metodológica sólida e incorporan distintas fuentes de información tanto cualitativas como cuantitativas.
Los resultados de este IER nos revelan que los estados de Guerrero, Baja California, Guanajuato y Chihuahua son los que presentan el nivel de riesgo más alto para la niñez y adolescencia. En contraste, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas y Campeche muestran los niveles más bajos, es decir, de menos riesgo. El contraste es este, Guerrero en la primera posición del IER apunta 1.127, Campeche alcanza el -0.288.
El estado de Puebla se ubica en la posición 17 del total de la medición, justo en el rango de estados con nivel de riesgo bajo, teniendo 0.390 en el IER. Tomemos en cuenta que Puebla se ubica dentro de los cuatro estados con mayor concentración de población menor de 18 años.
La amplitud de esta investigación nos aproxima a una realidad que para muchos nos parece alejada, incluso ajena. Sin embargo, ante la debilidad institucional y la desigualdad tan pronunciada en la sociedad mexicana, cada día más niñas, niños y jóvenes son orillados a involucrarse en actividades criminales por necesidad y voluntad, y en muchos casos, por la fuerza.
¿Qué estamos haciendo cómo sociedad para evitar esto? Si no tenemos la respuesta, es momento de buscarla.
