lunes, julio 15 2024

Por: Mario Alberto Mejía / @QuintaMam 

Eran los días aciagos del caso Lydia Cacho.

En Casa Puebla, la cava había sido vaciada en comilonas que servían para que el gobernador Mario Marín se evadiera con sus amigos de entonces.

Nadie sabía cómo enfrentar la crisis detonada por la exhibición pública de la conversación privada entre Marín y el empresario Kamel Nacif.

(Javier Sánchez Galicia ensayó varias fórmulas y terminaría por bajar la temperatura de un caso en el que fracasaron consultores carísimos e inoperantes).

En esos días, pues, llegó al área de Enfermos Terminales de la Política Mexicana Antonio González Luna, “consultor en Comunicación Política y especialista en entrenamiento de medios y técnicas para debate”.

Con él venía un joven reportero ligado a Carlos Monsiváis y a la revista Proceso.

Tras escuchar los pormenores del caso, el equipo se puso a trabajar en algunas estrategias que no sirvieron para nada.

Y es que, conforme pasaban los días, Marín se hundía más y más.

El monsivaíta no se anduvo por las ramas y pidió una cantidad exorbitante para salvar al ex gobernador en sus reportajes.

La propuesta fue rechazada por onerosa.

(Pedía casi lo que un ministro de la Tremenda Corte).

Marín siguió evadiendo el tema, evadiendo la realidad y evadiéndose a sí mismo.

La joven promesa del periodismo se le fue encima con particular esmero.

Hoy, uno es un prófugo de la justicia, en tanto que el otro ya es miembro de la burocracia dorada de la Cuarta Transformación, luego de haber fungido como vocero informal de AMLO a través de sus cuentas en las redes sociales.

Por cierto: está logrando lo que nadie: volver la televisión pública en brazo mediático del gobierno.

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El Papel del instigador en el Caso Marín-Cacho

Hay puntos centrales —claves para entender la trama— en el documento expedido en el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, relacionado con la revocación de las negativas de órdenes de aprehensión y el obsequio de las mismas a Mario Marín Torres, Kamel Nacif, Adolfo Karam y Juan Sánchez Moreno.

Una de éstas tiene que ver con la figura del instigador en la trama de tortura sufrida por la periodista Lydia Cacho.

Ese primerísimo papel le corresponde al empresario Kamel Nacif, quien, furioso por una entrevista televisiva —en la que Cacho lo señaló como responsable de decenas de casos de acoso sexual—, buscó por todos los medios castigarla, humillarla, encarcelarla.

Para ello —como consta en una célebre conversación telefónica— recurrió a su amigo Mario Marín, a la sazón gobernador del estado de Puebla.

En ese contexto, Nacif le agradece al gobernador que le haya dado sus coscorrones al aprehenderla y llevarla al Cereso de San Miguel.

En el resolutivo del Primer Tribunal Unitario, queda claro que, para tal fin, Marín “facilitó medios de transporte y personas para la ejecución de la orden de aprehensión”.

Hay más, siempre de acuerdo al documento oficial: “El propio Nacif Borge, en desplegados de su autoría y pagados por él, publicados en medios de comunicación impresos, aceptó haber participado en diversas conversaciones telefónicas hechas públicas previamente en distintos medios también de comunicación, con las que, dice la disconforme (Lydia Cacho), se confirmó que fue él quien instigó a las autoridades administrativas y ministeriales, incluyendo al entonces gobernador Mario Plutarco Marín Torres”.

Más adelante, se lee que el Ministerio Público (Federal) “explicó que el instigado Marín Torres requería para la ejecución del delito servirse de sus inferiores jerárquicos dentro de la Policía Judicial del Estado de Puebla, iniciando por la cadena de mando superior, por conducto del Director General Hugo Adolfo Karam Beltrán, quien a su vez, para llevar a cabo las órdenes recibidas se sirvió de Juan Sánchez Moreno, Comandante de Grupo de Aprehensiones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, para que a través de los elementos policiales a su cargo se ejecutara de manera prioritaria una orden de aprehensión en contra de Lydia María Cacho Ribeiro, en los términos solicitados por José Kamel Nacif Borge, esto es, aprovechando el amparo de la ley y la ejecución de la orden de aprehensión para castigarla durante su detención y traslado vía terrestre al Estado de Puebla desde Quintana Roo; elementos de la policía judicial que estarían encargados de torturarla psicológicamente mediante humillaciones, intimidaciones y amenazas”.

La conclusión es impecable: “José Kamel Nacif Borge se valió de servidores públicos, con base en su amistad y deuda moral por el apoyo político y económico brindado al Gobernador del Estado de Puebla durante su campaña política por la que accedió a ese cargo, para materializar la comisión del delito de tortura del que fue objeto la víctima”.

Y es aquí cuando aparece la figura del “instigador”.

Vea el hipócrita lector:

“El instigador hace surgir en el instigado (Mario Marín) los motivos extraños a él que le determinan a la comisión del delito. Los medios son variados y van desde la amenaza o el halago, el agradecimiento, el pago de favores anteriores, vínculos de amistad, el ofrecimiento de una recompensa si ejecuta el hecho, la promesa de una retribución posterior de cualquier clase y el abuso de una situación de preeminencia. (…) Por esa razón se necesita de un autor para que haya instigador (partícipe); éste depende de aquél. Si no hay autor, no hay participación, por lo que el juez debe en primer lugar imputar la responsabilidad al autor para que entonces sancione al partícipe, pues si el autor es absuelto, el partícipe también lo será”.

La cadena de tortura empieza con Kamel Nacif instigando al gobernador Marín para que aprehenda y castigue a Lydia Cacho.

Marín le encarga el tema a Adolfo Karam, quien a la vez instruye a su subordinado Juan Sánchez Moreno.

Los judiciales que detuvieron a la periodista afuera de sus oficinas de Cancún son, en su conjunto, el eslabón final.

Fue una trama macabra, sí, brutalmente macabra.

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