Por Iván Juárez*
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019 del Inegi, en México la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan sólo 1.3%. El verdadero dato estremecedor es el siguiente: 33 millones 35 mil 90 delitos ocurrieron en 2018 (ENVIPE, 2019) de los cuales únicamente fueron denunciados el 6.8%, es decir, 2 millones 246 mil 386. El resultado efectivo de los procesos de investigación en el país permitió resolver 359 mil 19 carpetas de investigación.
Con estas cifras la organización de la sociedad civil Impunidad Cero presentó la plataforma www.impunidata.org, la cual permite visualizar datos sobre la impunidad en México resultado de las investigaciones de esta iniciativa. Además, existen recursos para analizar cómo es que la impunidad se comporta por estado y la posibilidad de hacer comparativas. Puebla está presente y hay datos que conocer y sobre los cuales reflexionar.
Pero antes de iniciar, me gustaría compartir la definición de Impunidad compartida en este sitio, la “Impunidad es la falta de sanción ante una conducta irregular que genera responsabilidad penal, civil, administrativa o de derechos humanos. Ocurre cuando los perpetradores escapan de toda investigación, detención, procesamiento, sanciones adecuadas, e incluso de indemnizar el daño causado a sus víctimas”. La impunidad simple y sencillamente es una transgresión al Estado de Derecho que debería imperar en cualquier sociedad y su presencia posibilita a que cualquiera que delinque asuma que no habrá sanción al respecto.
Las principales causas por las cuales la impunidad crecen son la corrupción, mala gestión de recursos en el sistema de justicia, bajo presupuesto para operación, falta de colaboración interinstitucional, la colusión con grupos delictivos y la poca denuncia de los delitos. Esta última es un gran reto para las autoridades, pero también para organizaciones como el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia; fomentar la cultura de la denuncia es vital para aproximarnos a la realidad del actuar de la delincuencia y combatirla a partir del conocimiento y entendimiento de su operatividad.
Impunidad Cero aborda que las consecuencias de una alta impunidad generan más delitos, violencia, injusticia, más corrupción, la violación de derechos humanos y desde luego la desconfianza en las autoridades. Aquel espacio que hay entre la ciudadanía y los responsables públicos de la justicia generado por la desconfianza lo ocupa la delincuencia.
El sitio permite conocer los resultados del “Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías” de las 32 entidades federativas. Este estudio aborda 10 diferentes apartados, nuestro estado ocupa el lugar 27 de 32. Chihuahua, Yucatán y Querétaro ocupan el top nacional; mientras que Chiapas, Veracruz y Tlaxcala se posicionan en los últimos lugares.
En el caso de Puebla, Impunidad Cero comparte notables resultados como el número de Ministerios públicos por cada 100 mil habitantes que actualmente es de 2.8, ocupando la última posición a nivel nacional muy alejado de la media que es de 8.4 y casi diez veces menos que Chihuahua, primer lugar, con 25.1. En contraste, cada Ministerio público atiende 289 carpetas de investigación. En este sentido, hay un esfuerzo reciente para ampliar el número de Agencias del Ministerio Público en Puebla por parte de la Fiscalía General del Estado para eficiente todos los procesos.
Otro de los valores que resalta es el tiempo que una persona espera para denunciar, en promedio para que una víctima reciba atención tiene que esperar 165 minutos (casi 3 horas). En este apartado Puebla está por debajo de la media nacional de nueva cuenta y se ubica en el lugar 26 en el ranking.
Pero no todo es negativo, según este índice, Puebla se ubica en la primera posición en la efectividad en cumplimiento de órdenes de aprehensión con 87.1%. Hay que tomar en cuenta que el presupuesto per cápita destinado a procuración de justicia es de $140.16, el penúltimo a nivel nacional sólo por arriba de Tlaxcala.
El objetivo de este espacio no es ampliar sensaciones negativas al compartir datos y cifras sobre distintos fenómenos sociales tales como la violencia y la delincuencia o la corrupción misma que están profundamente ligados a las temáticas de la seguridad, la justicia y los procesos para recuperar la paz. Existe un compromiso por brindar información para el empoderamiento de la ciudadanía y acortar la brecha del desconocimiento y así, contribuir a que las personas tengan una visión más amplia del contexto actual.
La corresponsabilidad de cada actor, personal o institucional, debe ser asumida en el corto plazo, no sólo para contrarrestar los efectos de la impunidad sino de todas aquellas malas prácticas y antivalores que se repiten a diario y que en suma impiden construir una mejor sociedad.
*El autor es director de Comunicación del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla @CCSJPuebla
