Memorial
Por Juan Manuel Mecinas / @jmmecinas
Los pendientes en el país son numerosos y la justicia es uno de ellos. Por eso, consultar al pueblo para que opine si quiere que se enjuicie a los expresidentes es todo menos una lectura correcta de las necesidades de la gente y de lo que las urnas arrojaron en la elección más reciente.
En 2018, López Obrador anunció un combate frontal a la corrupción y una transformación del sistema. La impunidad ante esa corrupción destruye cualquier intento serio de democracia. Todo se vuelve inútil: si las leyes reflejan el avance y la voluntad de una sociedad, incumplirlas desconoce el pacto esencial de cumplir lo acordado.
¿Qué pasaría si en la consulta sobre el juzgamiento a los expresidentes se decide no proceder contra ellos? Es un sinsentido y todos sabemos que es una mera maniobra electoral para que el tema del despilfarro de los gobiernos anteriores esté sobre la mesa en la boleta en 2021 -hacer de cuenta que no fue materia en 2018-. La ecuación es hasta cierto punto sencilla: si hay elementos para proceder contra Calderón o Peña, la fiscalía debe proceder. No importa si a AMLO le gusta o no, porque de lo contrario esto es una farsa: una continuación de un régimen en el que reina la impunidad.
El presidente no solo mira al presente, sino que teme que lo que hoy decide se revierta en su contra: poner en el banquillo a un expresidente es riesgoso porque en cuatro años más él será uno más en la lista de enjuiciables. Pero si López Obrador no estaba dispuesto a correr ese riesgo, sabiendo que abrir las cajas de Pandora de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón podía llevar a enjuiciarlos, entonces no hubiera prometido el cambio de sistema que propuso.
La consulta es inconstitucional y antidemocrática porque aspira a decidir si queremos impunidad o no. La respuesta es obvia, pero con un recordatorio que no se debe pasar por alto: la sociedad ya emitió su voz al respecto en 2018 y volverle a preguntar refleja la sordera del presidente que quiere utilizar electoralmente un tema que está de más plantearlo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendría que declarar improcedente este despropósito; por más impresentables que sean EPN y Calderón, son ciudadanos de este país y la decisión de proceder contra ellos no puede dejarse a la voluntad popular, ya que la Constitución marca que es la fiscalía la que tiene esa competencia. Además, la consulta no puede hacerse sobre individuos en particular y su objeto no puede ser tan trivial: preguntar si queremos enjuiciar a los expresidentes es tan bizarro como preguntar si queremos ir a Marte.
Por supuesto que queremos un Estado de derecho y un sistema en el que la impunidad deje de ser la constante. A favor de ese sistema se votó en 2018 y AMLO prometió cumplir con lo dictado en la constitución: eso significa que la fiscalía proceda en caso de tener elementos. No importa si el procesado es EPN, Calderón u otro sujeto. Querer consultar al pueblo para que afirme si quiere justicia, es tanto como buscar un pretexto para no cumplir lo prometido: un Estado donde la ley se respete.
