Por Samantha Páez / @samantras
A pesar de que la violencia de género aumentó durante la cuarentena a nivel nacional, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobierno federal retrasó la entrega de fondos para las Casas de Mujeres Indígenas (CAMI) en todo el país, decisión que afecta a cientos de usuarias en el estado de Puebla.
Angélica Rodríguez, de la CAMI de Cuetzalan, explicó que año con año de 200 a 250 mujeres indígenas son atendidas para recibir servicios como: traducciones, asesorías en materia de salud o violencia de género. Además, entre 700 a 800 personas acuden a sus talleres y pláticas sobre derechos humanos y prevención de la violencia.
Desde la cuarentena por el brote de coronavirus, Angélica Rodríguez ha notado que cada vez más mujeres las buscan por situaciones de violencia familiar, ya sea en sus oficinas – que permanecen cerradas – o de manera personal.
Este aumento en la violencia de género y familiar es una tendencia nacional, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la violencia familiar y la violencia de género en todas sus modalidades distintas a la violencia familiar registraron incrementos de 23.4% y de 100.7%, respectivamente.
En Puebla, la violencia familiar subió 27% durante marzo de 2020 respecto a marzo de 2019 y 23% respecto a febrero de 2020.
A pesar de ello, la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena informó el 24 de abril que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) pospuso la publicación de resultados de la convocatoria para acceder a recursos y externó su temor de que la entrega de fondos sea cancelada este año.
Ante lo cual la red manifestó su “preocupación puesto que como ya se ha visto, en todo el país la violencia contra las mujeres se ha incrementado y esto también está repercutiendo en las regiones indígenas”.
La falta de recursos impediría la operación de las 20 CAMIs que forman parte de la red, las cuales atienden a 24 mil personas, y a las cuatro que hay en el estado de Puebla, una en Cuetzalan, otra en Ixtepec, una más en Tlaola y otra en Coyomeapan.
Angélica Rodríguez explicó que además de los servicios de salud y de asesoría en cuestiones de violencia, en la CAMI de Cuetzalan brindan capacitaciones a nivel educativo y a los jueces de paz, quienes muchas veces son nombrados pero no cuentan con conocimientos sobre derechos humanos y perspectiva de género.
Faltan refugios para indígenas
Continuando con el tema de violencia familiar y de género, Elizabeth explicó que, aunque las CAMI sigan operando, no se soluciona el problema de atención, puesto que hacen falta refugios o albergues para las mujeres que vivan situaciones graves.
Explicó que hace dos años cerró el refugio de Cuetzalan, desde entonces se ha complicado la atención de mujeres que viven situaciones extremas de violencia, debido a que en muchos casos es urgente el rescate de las mujeres y sus hijas e hijos, pero no tienen dónde alojarlas y el refugio más cercano está en la ciudad de Puebla.
La Red Nacional de Refugios expuso en una misiva del 6 de mayo que los 69 espacios de prevención, atención y protección están en un 80 a 100% de su capacidad y, a pesar de que con la pandemia de Covid-19 ha aumentado la violencia contra las mujeres, no se han destinado recursos extraordinarios para su operación.
Catalina Aguilar, subsecretaria de Violencia de Género, dijo que la Secretaría de Igualdad Sustantiva estatal recibió, del 16 de marzo al 19 de abril, cuatro solicitudes de ingreso al refugio para mujeres.
Por su parte la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa, dio a conocer, durante el conversatorio “Buenas prácticas para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas en tiempos de Covid-19”, que se firmó un acuerdo con la empresa Airbnb para dar 200 lugares a mujeres y sus descendientes que necesiten refugio temporal en Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
Sin embargo, tanto el refugio estatal como el alojamiento a través de Airbnb serían en la ciudad de Puebla, a unas cuatro horas en automóvil de Cuetzalan.
Ante la situación de los refugios y de las CAMIs nueve organizaciones sociales exigieron al gobierno federal detallar qué programas presupuestarios están incluidos en el decreto de programas prioritarios. Así como claridad y transparencia sobre el monto y los mecanismos a través de los cuales se van a ejercer los recursos destinados a atender las violencias contra las mujeres durante y después de la contingencia sanitaria.
