viernes, noviembre 22 2024

Memorial
Por Juan Manuel Mecinas

La corrupción fue el símbolo de la administración de Enrique Peña Nieto. Las investigaciones periodísticas que desnudaron prácticas como la Casa Blanca de Peña Nieto o La estafa Maestra, así como el descarado escape de Joaquín Guzmán de una prisión de máxima seguridad, evidenciaron a un gobierno que no encontró la forma de despegarse de su imagen arcaica y corrupta. El PRI era viejo y seguía siendo el mismo dinosaurio autoritario y corrupto.

Vista esa corrupción, el juicio a Emilio Lozoya puede derivar en un gran fiasco, no solo por las penas que se le impongan a Lozoya sino por las que no se le impongan.

Sería catastrófico para el gobierno de López Obrador que Lozoya saliera impune porque los elementos que se aporten en el juicio no conduzcan a una pena privativa de libertad e igual de catastrófico sería que el caso Lozoya no sirviera de parteaguas para imponer un Estado de derecho, y se traduzca en un mero ajuste de cuentas entre grupos políticos.

La omisión de la Fiscalía de juzgar a Lozoya por el caso Fertinal abona a la percepción de que el juicio a Lozoya llevará a una sanción ridícula al exdirector de Pemex y a una investigación que no arrojará grandes resultados jurídicos contra el peñanietismo. Las evidencias para juzgar al peñanietismo por la compra de Fertinal son un elefante en la habitación de Gertz que solo el fiscal se atreve a no mirar. En resumen, Fertinal valía 15 millones de dólares y Pemex pagó por ella 635 millones de dólares. Presumiblemente se pasó por alto los activos decadentes de Fertinal, sus pasivos y la tendencia decreciente advertida por los expertos. Lozoya & Company no hicieron caso a los elementos que advertían del fiasco y pagaron 42 veces más el valor de una empresa. ¿Por qué la fiscalía no acusa a Lozoya de este atraco? Las razones no son claras, aunque la falta de voluntad es indiscutible. Lozoya no ha sido acusado ni vinculado a proceso por Fertinal, y con él siguen campantes todos los integrantes de su Consejo de Administración (al respecto, el exconsejero Mayer-Serra dijo que votó en contra de la adquisición y que de ninguna manera se adquirió “sabiendo que valía menos de lo que se compró”).

¿Por qué dejar fuera a un elefante de 13,000 millones de pesos. El fiscal Gertz debe una explicación mayúscula, porque las hipótesis apuntan a que no tienen elementos para proceder contra Lozoya, Peña y quienes aprobaron la compra de Fertinal, o porque se está tratando de proteger a algunos de los beneficiarios de esa transacción.

Electoralmente el caso Lozoya será muy redituable para López Obrador porque le dará la oportunidad de insistir en la corrupción de sus anecesores y con ello pretender desvirtuar las críticas de quienes no son ni fueron peñanietistas ni calderonistas; sin embargo, es claro que el juicio contra Lozoya está encaminándose a ser uno más de los casos donde las cosas se pudieron realizar correctamente y terminaron haciéndose para proteger a ciertos grupos de poder: las élites defendiéndose en su desgracia.

El trato deferente hacia Emilio Lozoya comienza a irritar a la opinión pública que puede entender ciertas medidas menores a favor de quien servirá de testigo en contra de “peces gordos”, pero de ninguna manera se justifica cuando existen los elementos de prueba que sean irrefutables y que lo obliguen a testificar para reducir su pena, no para evitarla -como parece ser el caso.

O Gertz tiene el sartén por el mango y ya está medido cada segundo del show que estamos presenciando, o el teatro en el que se ha convertido el juicio a Lozoya terminará siendo un fiasco, no solo por dejar de lado la compra de Fertinal, sino por utilizarlo meramente para temas electorales. Puede ser de gran ayuda en 2021, aunque exactamente ese cálculo cortoplacista impide que los grandes casos judiciales se conviertan en parteaguas para imponer el gobierno de las leyes y no el de los hombres.

Gertz y López Obrador están empecinados en probar algo que ya se sabía -que Peña y sus secuaces eran corruptos- y hacer un circo. No veo que estén tan preocupados porque las consecuencias jurídicas del juicio contra Lozoya y el peñanietismo sean las bases de una transformación del Estado. La omisión de buscar responsables de la compra de Fertinal ahonda esas dudas.

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