lunes, noviembre 25 2024

La Quinta Columna
Por Mario Alberto Mejía

La medida tomada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta en el sentido de dar de baja a Mario Marín Torres como notario 53 de Puebla marca un antes y un después.

Antes, nadie tocaba a los notarios.

Ahora, son tocados —todos— sin excepción.

Antes se vendían notarías como Gansitos (Marinela).

Hoy eso será más que improbable.

¿Qué está cambiando?

Lo que el gobernador ha dicho desde hace meses: el régimen.

(Digamos que está cambiando con acciones como ésta).

Desmontar un régimen para instalar uno nuevo no es cosa de todos los sexenios.

Estamos acostumbrados a una “normalidad democrática” que impide que haya cambios reales.

El presidente López Obrador lo está haciendo con las naturales reacciones de por medio.

(Algunas sensatas; otras, hilarantes o delirantes).

En Puebla, el gobernador Barbosa está metido en esa tarea.

Y vaya que provoca terremotos.

(Afuera de Casa Aguayo debería haber un letrero que dijera: “Disculpe las molestias que le ocasiona este cambio de régimen”).

El jueves 11 de abril pasado, una magistrada con sede en Cancún abrió la cloaca que generó tres bellísimas órdenes de aprehensión.

Una de ellas era contra el ex gobernador de Puebla.

La noche de ese día difícil, hizo sus maletas y se fue a buscar un amparo a la Ciudad de México.

Al día siguiente, envió un oficio a la Dirección de Archivos y Notarías para solicitar un permiso de 30 días por “razones de salud”.

En esa misiva anunciaba el nombre de su suplente: Vicente Gil, quien en realidad ha sido el verdadero notario 53 desde que Melquiades Morales le regaló la patente en 2002.

(Marín en realidad iba de paso a su Notaría. Y cuando lo hacía era para echarse algunos drinks con sus amigos. Gil era quien despachaba ahí y hacía los trámites de rigor. Ah, y también preparaba los drinks que Marín se tomaba).

Hace unos días, el articulista Mario Maldonado, de El Universal, reveló que el 22 de mayo —prófugo, como la primera vez que se comunicó a Archivos y Notarías—, Marín envió un segundo oficio para anunciar que “por atender asuntos personales” continuaría ausentándose 90 días más.

Curiosamente, el permiso fue autorizado.

Y escribo “curiosamente” porque en esta segunda ocasión todo mundo sabía que el ex gobernador estaba huyendo de la justicia bajo la que se ampara para pergeñar toda clase de documentos en la 53.

¿O el funcionario que autorizó su permiso ignoraba que el abajofirmante estaba prófugo?

Y aquí matan las dudas:

¿Puede un perseguido por la ley seguir dando fe pública aunque sea a través de un suplente?

Y es que aunque Vicente Gil sea el que trabaje, el notario 53 sigue siendo Mario Marín.

Es decir: el prófugo sigue dando fe pública pese a que la Justicia va tras él.

Y aunque sea a través de interpósita persona, ahí aparece su nombre.

Dice el propio Mario Maldonado que una Notaría como la de Marín deja unos 25 millones de pesos al año.

Nada mal para quien en algún lugar del mundo lee esta columna investido de hipócrita lector.

Nota Bene

Esta columna fue escrita antes de que el periodista Arturo Luna Silva difundiera que tanto Mario Marín Torres, Kamel Nacif y Adolfo Karam lograran que un tribunal ordenara al juez de la causa que repusiera el procedimiento por medio del cual están siendo vinculados los tres personajes.

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